Un arrendatario no siempre tiene que pagar una indemnización para terminar un contrato de vivienda urbana. La Ley 820 de 2003 contempla situaciones en las que puede solicitar la terminación por causas atribuibles al arrendador y también permite terminar por plena voluntad al vencimiento del término inicial o de una prórroga, siempre que se cumpla el preaviso legal.
1. Terminación por mutuo acuerdo
El artículo 21 de la Ley 820 de 2003 permite que arrendador y arrendatario terminen el contrato en cualquier momento por mutuo acuerdo. Si existe consenso sobre la fecha de entrega y las obligaciones pendientes, no hay necesidad de acudir a una causal unilateral ni de pagar la indemnización prevista para otras formas de terminación.
Lo recomendable es dejar el acuerdo por escrito, precisar la fecha de entrega, el estado de servicios públicos, cánones, administración —si aplica— y la forma en que se realizará la devolución del inmueble.
2. Causales atribuibles al arrendador
El artículo 24 de la Ley 820 de 2003 establece causales que permiten al arrendatario pedir unilateralmente la terminación del contrato. Entre ellas se encuentran:
- la suspensión de servicios públicos por acción premeditada del arrendador o por mora en pagos que estaban a su cargo;
- conductas reiteradas del arrendador que afecten gravemente el disfrute del inmueble, debidamente comprobadas ante la autoridad policiva;
- el desconocimiento de derechos reconocidos al arrendatario por la ley o por el propio contrato.
En estos eventos la discusión no debe plantearse únicamente como “quiero irme del inmueble”. Conviene identificar la causal, documentarla y conservar las pruebas que permitan demostrar el incumplimiento o la conducta atribuida al arrendador.
3. Terminación al vencimiento sin indemnización
El numeral 5 del artículo 24 permite que el arrendatario termine unilateralmente el contrato a la fecha de vencimiento del término inicial o de cualquiera de sus prórrogas, sin necesidad de invocar una causal distinta de su propia voluntad y sin pagar indemnización.
Para ello debe enviar al arrendador un aviso escrito a través de servicio postal autorizado con una antelación no menor de tres meses respecto de la fecha de vencimiento.
¿Qué pasa si no se envía el preaviso?
La propia Ley 820 señala que, si no existe constancia escrita del preaviso, el contrato se entiende renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.
Por eso, avisar verbalmente al propietario, enviar un mensaje informal o simplemente comunicar que se piensa entregar el inmueble no necesariamente equivale a cumplir el mecanismo legal de terminación.
¿Y si el arrendatario quiere irse antes del vencimiento?
También es posible terminar unilateralmente dentro del término inicial o durante una prórroga por plena voluntad del arrendatario. Sin embargo, en ese supuesto el numeral 4 del artículo 24 exige un preaviso escrito con una antelación no menor de tres meses y el pago de una indemnización equivalente a tres meses de arrendamiento.
Además, el artículo 25 establece requisitos específicos para realizar esta terminación mediante preaviso con indemnización, por lo que no conviene asumir que basta con entregar las llaves y pagar tres cánones.
¿Qué debe revisar un arrendatario antes de enviar la terminación?
- la fecha exacta de inicio y vencimiento del contrato;
- si el contrato está en el término inicial o en una prórroga;
- la causal que pretende invocar;
- la cláusula de notificaciones y los datos del arrendador;
- la forma y fecha del preaviso;
- la existencia de cánones, servicios o administración pendientes;
- el inventario y estado del inmueble;
- la prueba de entrega material del inmueble y de las llaves.
¿Qué pasa si el arrendador no quiere recibir el inmueble?
La Ley 820 contempla mecanismos para la entrega provisional cuando el arrendatario ha cumplido las condiciones legales y el arrendador se niega a recibir el inmueble. La forma de proceder depende de la modalidad de terminación y debe revisarse antes de abandonar el inmueble para evitar que continúe una discusión sobre cánones posteriores.
Conclusión
Un arrendatario puede terminar un contrato de vivienda urbana sin pagar indemnización, entre otros escenarios, cuando existe mutuo acuerdo, cuando se configura una causal legal atribuible al arrendador o cuando decide no continuar al vencimiento del término inicial o de una prórroga y cumple oportunamente el preaviso previsto en la Ley 820 de 2003.
La diferencia entre una terminación correctamente documentada y una salida informal puede representar varios meses de canon, controversias sobre renovación automática o dificultades para demostrar la entrega del inmueble.
Fuentes oficiales
Ley 820 de 2003, especialmente artículos 21, 24 y 25. Texto consultado en SUIN-Juriscol y en el Gestor Normativo de Función Pública.
Consultar Ley 820 de 2003 en SUIN-Juriscol
Consultar Ley 820 de 2003 en Función Pública
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