Propiedad Horizontal · Cobro de cartera

¿Puede una copropiedad cobrar honorarios de abogado al propietario moroso?

La respuesta requiere distinguir entre el contrato que la copropiedad celebra con su abogado, los gastos de una gestión prejurídica y las costas o agencias en derecho que pueden reconocerse dentro de un proceso judicial.

Honorarios de abogado y cobro de cartera en propiedad horizontal

No debería asumirse que la copropiedad puede trasladar automáticamente al propietario moroso cualquier suma que haya pactado con su abogado. La respuesta depende de qué concepto se pretende cobrar, de su fundamento y de si existe o no un proceso judicial.

Este punto es importante porque en la práctica suelen mezclarse tres conceptos distintos: honorarios profesionales, gastos de cobro prejurídico y costas o agencias en derecho.

1. Los honorarios pactados entre la copropiedad y su abogado

La copropiedad puede contratar un abogado para gestionar su cartera y pactar con él una remuneración. Ese contrato regula, en principio, la relación económica entre la copropiedad y el profesional.

El hecho de que la administración haya convenido, por ejemplo, un porcentaje o una tarifa con su abogado no convierte automáticamente ese mismo valor en una obligación del propietario moroso.

Pregunta que debe hacerse: ¿cuál es el fundamento jurídico concreto para trasladar ese valor al propietario? No basta con afirmar que “lo cobra el abogado” o que “la administración tuvo que contratarlo”.

2. ¿Qué puede cobrarse mediante el proceso ejecutivo de propiedad horizontal?

El artículo 48 de la Ley 675 de 2001 regula el proceso ejecutivo promovido por la persona jurídica para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses.

Por eso, si en el certificado del administrador se incorpora adicionalmente un concepto denominado “honorarios de abogado”, “gastos jurídicos” o similar, conviene revisar cuál es su fuente y si efectivamente integra una obligación clara, expresa y exigible susceptible de cobro.

3. Cobro prejurídico: no es lo mismo que una condena judicial

Antes de presentar una demanda, muchas copropiedades realizan llamadas, requerimientos, acuerdos de pago y otras gestiones de recuperación. Es frecuente que estas actuaciones se denominen cobro prejurídico.

Que exista una gestión prejurídica no significa, por sí sola, que cualquier tarifa cobrada por el abogado pueda cargarse automáticamente al propietario. Debe analizarse el reglamento de propiedad horizontal, las decisiones de los órganos competentes, los documentos de la obligación y el fundamento jurídico específico del concepto reclamado.

La Corte Constitucional ha advertido que una copropiedad no puede acudir a la autotutela para imponer unilateralmente a un residente el pago de honorarios de abogado cuando no exista autorización legal o reglamentaria suficiente para ese cobro.

4. ¿Qué ocurre cuando ya existe un proceso judicial?

En un proceso judicial aparece una figura diferente: las costas procesales.

El artículo 361 del Código General del Proceso establece que las costas están integradas por las expensas y gastos sufragados durante el proceso y por las agencias en derecho.

Además, el artículo 365 establece las reglas para la condena en costas y el artículo 366 regula su liquidación. En términos generales, será el juez quien determine las agencias en derecho aplicando los criterios y tarifas correspondientes.

5. Agencias en derecho no significa “lo que cobró el abogado”

Esta diferencia es fundamental. La Corte Constitucional ha explicado que las agencias en derecho corresponden al componente de las costas relacionado con la gestión procesal y que no necesariamente coinciden con los honorarios que la parte pagó a su abogado.

Por ejemplo, una copropiedad podría pactar privadamente con su abogado una suma determinada. Si obtiene una condena en costas, el valor reconocido judicialmente por agencias en derecho puede ser diferente.

En términos sencillos: el contrato de honorarios responde a cuánto paga la copropiedad a su abogado. Las agencias en derecho responden a cuánto reconoce el juez dentro de las costas del proceso. Son conceptos relacionados, pero jurídicamente distintos.

6. ¿Puede el administrador decidir por sí solo cuánto debe pagar el propietario por honorarios?

El administrador tiene amplias funciones de recaudo y cobro de cartera bajo la Ley 675, incluida la posibilidad de iniciar oportunamente el cobro judicial. Sin embargo, esas facultades no significan que pueda crear unilateralmente nuevas obligaciones económicas sin soporte.

Cuando un propietario controvierte un cobro adicional por honorarios, conviene revisar:

  • el reglamento de propiedad horizontal;
  • las decisiones de la asamblea o del órgano competente;
  • el contrato de prestación de servicios jurídicos, cuando sea pertinente conocer su estructura;
  • el certificado de deuda;
  • el estado de cuenta;
  • si existe proceso judicial y condena en costas;
  • la liquidación y aprobación de las costas;
  • el fundamento concreto del concepto trasladado al propietario.

7. Un antecedente importante: Sentencia T-062 de 2018

En la Sentencia T-062 de 2018, la Corte Constitucional analizó un caso en el que una copropiedad pretendió cobrar a un residente los honorarios del abogado que había contratado para defenderse en otra actuación judicial.

La Corte consideró improcedente que la administración determinara unilateralmente ese perjuicio y realizara el cobro mediante autotutela. También recordó que, cuando los honorarios se relacionan con un proceso judicial, las agencias en derecho son definidas por la autoridad judicial y no tienen que coincidir con lo pagado privadamente al abogado.

Ese caso no significa que todo concepto jurídico cobrado por una copropiedad sea automáticamente ilegal. Sí demuestra que debe existir un fundamento jurídico verificable y un procedimiento adecuado.

8. Si la copropiedad gana el proceso, ¿el propietario paga las costas?

Puede ocurrir. El Código General del Proceso contempla la condena en costas, entre otros eventos, contra la parte vencida. Sin embargo, la condena y su cuantificación corresponden al proceso judicial.

El artículo 365 también establece que solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Posteriormente, la liquidación se realiza conforme al artículo 366.

9. ¿Qué debería hacer la copropiedad antes de trasladar gastos jurídicos al propietario?

  • Identificar claramente el concepto que se pretende cobrar.
  • Diferenciar honorarios privados, gastos prejurídicos y costas procesales.
  • Revisar si existe fundamento en la ley y en el reglamento.
  • Evitar incorporar conceptos ambiguos al certificado de deuda.
  • Separar capital, intereses y cualquier rubro adicional.
  • Si ya existe proceso, respetar lo que el juez decida sobre costas y agencias en derecho.

10. ¿Qué debería hacer el propietario si le cobran “honorarios de abogado”?

No es recomendable limitarse a pagar o negarse sin revisar el soporte. Puede solicitar una explicación discriminada del saldo y preguntar expresamente:

  • qué valor corresponde a capital;
  • qué valor corresponde a intereses;
  • qué suma se cobra por honorarios o gestión jurídica;
  • qué norma, reglamento, decisión o providencia sustenta ese concepto;
  • si el valor corresponde a cobro prejurídico o a costas judiciales.

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Conclusión

Una copropiedad puede contratar abogados y asumir honorarios por la gestión de su cartera. Lo que no debe confundirse es ese contrato privado con una obligación automática del propietario moroso.

Si existe proceso judicial, las costas y agencias en derecho tienen reglas propias y son determinadas dentro del expediente. Si el cobro es prejurídico, debe revisarse cuidadosamente el fundamento del valor que se pretende trasladar al propietario.

Fuentes jurídicas principales: Ley 675 de 2001, especialmente artículo 48; Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso, artículos 361, 365 y 366; Corte Constitucional, Sentencias T-062 de 2018 y T-625 de 2016. La información es general y no reemplaza la revisión del reglamento, del estado de cuenta, del contrato jurídico ni del proceso concreto.

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